¿Naturaleza o pirómanos? Los incendios de Castilla y León

Llevo días siguiendo lo que está pasando en Castilla y León y no puedo quitarme de la cabeza una frase que escuché del consejero de Medio Ambiente. Habló de terrorismo ambiental y después de ver los datos creo que no es una exageración. Ese lenguaje genera alarma social y condiciona la política criminal, porque las etiquetas influyen tanto en la opinión pública como en la respuesta penal. 

Son más de una decena de incendios activos en pocos días. Solo tres tienen causas naturales claras como rayos o accidentes. El resto han sido provocados de manera intencional. Alguien está quemando deliberadamente nuestros bosques mientras millas de personas son evacuadas de sus casas. No son hechos aislados ni simples desgracias de verano. Se trata de delitos graves contra la seguridad colectiva que afectan a vidas humanas, al patrimonio histórico y al medio ambiente protegido por el artículo 45 de la Constitución Española.

Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, rodeadas de llamas. Pueblos enteros como Molezuelas de la Carballeda arrasados. Más de treinta mil hectáreas calcinadas solo en Zamora y León. Las autoridades confirman que detrás hay conductas dolosas. No es solo destrucción de bosques, también es victimización primaria para las comunidades que pierden viviendas, tierras y seguridad. A ello se suma la victimización secundaria cuando las instituciones no logran dar respuesta rápida o eficaz.

La pregunta es sencilla. ¿Qué motiva a alguien a hacer esto? En Ávila un brigadista forestal confesó que había prendido un fuego para asegurar el trabajo en la extinción. Es un ejemplo de cómo ciertos incentivos mal diseñados en la gobernanza pública pueden favorecer comportamientos perversos. La política criminal debe anticipar y corregir estos fallos estructurales para que la prevención no dependa solo de la pena.

Otras motivaciones se repiten en la criminología aplicada a los incendios. Venganzas vecinales por disputas de tierras. Intereses cinegéticos. Beneficios económicos indirectos como seguros o contratos de limpieza. Activismo radical que busca visibilizar el cambio climático. Y en menor medida trastornos psicológicos como la piromanía. Esta última explicación suele sobredimensionarse y lleva a políticas ineficaces si no se diferencia entre piromanía clínica y el cálculo instrumental de quien busca un beneficio.

Lo más preocupante es la aparente coordinación. Las autoridades detectan patrones que sugieren una planificación organizada. Cuando hablamos de redes, entramos en otro nivel de análisis. Aquí el riesgo es caer en el derecho penal del enemigo, soportando la respuesta de forma simbólica y sacrificando garantías. La eficacia investigadora debe estar en la certeza de detección y no en inflar las penas.

Como sociedad no podemos permanecer pasivos. La prevención situacional es fundamental. La vigilancia vecinal, la denuncia temprana, el control de accesos en jornadas críticas y la limitación de trabajos agrícolas de riesgo son medidas que reducen la oportunidad delictiva. No se trata de normalizar que todos los veranos arde el monte, sino de activar a la ciudadanía como parte del control social informal, algo que la criminología identifica como clave.

El marco legal ya contempla penas de hasta veinte años de prisión cuando los incendios ponen en peligro vidas humanas o patrimonio. El problema no es la falta de normas, sino su efectividad. En política criminal la disuasión no depende solo de la dureza, sino de la probabilidad real de ser identificado, juzgado y condenado en un plazo razonable. Más castigo con baja certeza es populismo punitivo. Lo que se necesita es coordinación entre cuerpos de seguridad, pericias sólidas, rapidez procesal y programas de inhabilitación o seguimiento postpenitenciario.

Nuestros bosques no pueden seguir siendo escenario de impunidad. Ya no hablamos solo de cambio climático o negligencia, hablamos de criminalidad organizada y de fallos en la prevención. La Constitución reconoce el derecho de todos a un medio ambiente adecuado y obliga a los poderes públicos a velar por su preservación. Protegerlo exige una política criminal integral que combine prevención, persecución y restauración, y que comunique con responsabilidad para no alimentar el miedo sin soluciones.

#IncendiosForestales #SeguridadCiudadana #CastillayLeon